Crece la presión por la legalización total del cannabis en Francia, un país donde la tasa de consumidores dobla la media europea
En junio de 2019, el Consejo de Análisis Económicos (CAE por su siglas en francés) ha estado presionando al Primer Ministro francés para que legalice la marihuana recreativa y que el Estado se haga con el monopolio de la venta.
Tan solo unas horas más tarde de que el CAE hiciera pública su presión por la legalización del cannabis, 70 personalidades públicas, incluido el número dos del gobernante partido LREM, del presidente Emmanuel Macron, publicaron una declaración de intenciones en la revista Nouvel Obs pidiendo la legalización de la marihuana en nombre del pragmatismo.
En la actualidad Francia tiene algunas de las leyes más estrictas de Europa para penalizar todo lo referente al cannabis. Por este motivo y ante el gran fracaso de la prohibición, el CAE ha calificado la legalización de la marihuana como asunto de la máxima urgencia. El CAE tiene línea directa con el Primer Ministro de Francia y no ha dudado en ejercer una gran presión para conseguir la legalización del cannabis.
La política de la prohibición ha sido y es un absoluto fracaso en Francia, un país en el que más del 40% de la gente entre 16 y 70 años consume cannabis de forma regular.
El profesor Renaud Colson, de la Universidad de Nantes, opina que la clase política de Francia mira hacia otro lado a pesar de ser plenamente consciente del enorme fracaso de las duras leyes contra el consumo y posesión de cannabis.
El consumo de cannabis no para de aumentar en Francia desde hace cincuenta años. La policía se dedica a arrestar a consumidores. Esta forma de aplicar la ley ha hecho que cientos de miles de simples usuarios de cannabis sean arrestados, sobre todo jóvenes de la clase trabajadora. Muchos de ellos son ciudadanos franceses originarios del norte de África. Esta realidad sugiere que la actitud de las autoridades tiene matices racistas con relación al cannabis.
Durante los últimos años se han producido tantos arrestos que se ha calculado que la aplicación de las leyes contra el cannabis le cuesta al estado galo hasta mil millones de euros al año. El informe de CAE abogando por la legalización total del cannabis lamenta que estas pérdidas del dinero de los contribuyentes contrasten con la potencial pérdida de ingresos fiscales que los expertos calculan que superan los 2800 millones de euros por año; una cantidad de dinero que el gobierno de Emmanuel Macron no puede despreciar si quiere reducir el déficit presupuestario de Francia.
Con acertado criterio, el CAE pide al gobierno tomar el control de una economía que en la actualidad tan solo beneficia a un mercado negro que, por supuesto, no paga impuestos. Y para ello, la única fórmula es la legalización del cannabis en Francia.
Pero lamentablemente, las recomendaciones del CAE presionando directamente al gobierno por la legalización del cannabis, tanto medicinal como recreativo, no han gustado a la ministra de Transportes de Francia, Élisabeth Borne, quien ha manifestado su disgusto ante la idea de legalizar el cannabis para fines recreativos. No obstante, ya se aprecian aires de cambio en la mentalidad de la clase política de Francia. Por primera vez, el pasado 11 de julio, la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y Productos para la Salud (ANSM) de Francia manifestó que el país iniciaba formalmente un período de prueba para el uso de medicamentos a base de cannabis en el sistema de salud del país. La ANSM ha asegura que en estos momentos está decidido a preparar las normas técnicas que garanticen la implementación del experimento del cannabis medicinal.
Con el objeto de estudiar las propiedades medicinales del cannabis se creó un comité en septiembre del año pasado. El comité llegó a conclusiones muy positivas y, por lo tanto, recomendó al estado francés que comenzara un programa de cannabis medicinal. Por su parte, el ejecutivo galo se ha comprometido a empezar con un período de prueba de uso de marihuana medicinal con algunos pacientes.
Viendo las presiones y recomendaciones del comité para conseguir la legalización de la planta, los asesores de salud instan al gobierno a comenzar con un periodo inicial de dos años, durante el cual se permitirían las pruebas con cannabis medicinal en pacientes, pero con un alcance que de momento es muy limitado; al menos hasta el año 2021. Los pacientes potenciales no se fían y temen que no sea así ya que las enfermedades calificadas para ser tratadas con cannabis son demasiado pocas.
Colson afirma que, hasta hace muy poco, la situación legal del cannabis no ha cambiado porque los políticos evitan expresarse libremente sobre el tema ya que temen ser castigados políticamente por ello. La estructura y el proceso constitucional están muy centralizados en Francia y no se permite la creación de un espacio para que la sociedad civil discuta el asunto de la legalización del cannabis. Y por supuesto, el gran problema es la estigmatización de los consumidores de cannabis ya que las organizaciones de consumidores están mal consideradas y no se les tiene nunca en serio desde el punto de vista político. Y además, la clase médica es demasiado conservadora en relación al cannabis en Francia.
A pesar de esta forma de pensar tan negativa hacia el cannabis, lo cierto es que las evidencias descubiertas en otros países sobre las propiedades medicinales y un cambio de posicionamiento de los legisladores galos están presionando lentamente a Francia para que adopte una postura más liberal y finalmente legalice el cannabis.